Un juzgado de primera instancia ha condenado al grupo alemán a pagar 5.006 euros al propietario de uno de los vehículos afectados y exige a la Empresa, además, que se le repare el vehículo y sufrague las costas del juicio. El juez da la razón parcialmente al afectado, ya que no obliga a la firma automovilística a reintegrar el montante total que le costó el vehículo (unos 50.000 euros), pero sí un 10% de dicho importe. El fallo judicial no es firme y con toda seguridad será recurrido, pero abre la puerta a que muchos otros miles de afectados en toda Europa, unos 900.000 sólo en España, sigan esa misma línea.
No es la primera sentencia en España sobre este caso, que ha causado un importante escándalo internacional, pero en las cuatro anteriores, los fallos habían sido contrarios a los intereses de los clientes. En esta el juez se refiere a la empresa en términos muy duros, acusándola de “engaño masivo” y de que “Se trata de una actuación en masa que afecta a una generalidad de consumidores, que implica un engaño a las autoridades de control, que conlleva la infracción de normas básicas de regulación del sector y con incidencia en un bien público como es el medio ambiente”.
