De invento a patente en 18 meses

La exigencia de examen previo dará más fortaleza a la acreditación española de invenciones y reducirá la litigiosidad por plagios, según los expertos.

investigadores en laboratorioPatentar una invención es ahora más rápido y también más efectivo a la hora de afrontar un posible pleito por plagio. La razón es que el pasado 1 de abril entró en vigor la nueva regulación española en esta materia, que establece un único procedimiento de concesión de patentes, en torno a medio año más corto y que exige un examen previo de novedad y actividad inventiva para comprobar que la creación reúne todos los requisitos formales y técnicos para ser protegida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Resulta llamativo que la obligación de demostrar que lo que se quiere patentar es patentable sea una de las principales novedades de la nueva ley pero es que, hasta entonces, ese análisis de fondo para acreditar la novedad del producto a proteger sólo se realizaba cuando el solicitante lo pedía expresamente. Aparte de la vía de concesión con informe previo estaba el procedimiento general, que sólo requería un dictamen sobre el estado de la técnica, consistente en una opinión preliminar y un listado de elementos previos considerados relevantes para valorar la novedad y la actividad inventiva del producto. Además, la propia ley establecía que la patente se concedería al final de la tramitación, independientemente del contenido de ese informe.

En la práctica, el resultado de esa doble vía era que nueve de cada diez patentes se concedían sin examen previo, sólo con solicitarlas y pagar las tasas, lo que disparaba también la litigiosidad entre empresas. Así lo señala a LAS PROVINCIAS Isabel Pérez-Cabrero, asociada senior del Departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues en Valencia.

Proteger la rueda

«Antes había patentes que no tenían ningún sentido, por ejemplo, si alguien solicitaba la protección de la rueda, le decían que no tenía sentido pero si pagaba la tasa, la conseguía, y eso hacía que las patentes fueran muy débiles, que muchas nacieran viciadas de nulidad», explica la letrada, que vincula ese fenómeno con la proliferación de «patentes de investigadores para llenar el currículum, aunque no fuera algo demasiado novedoso», alentada por la exención de la que disfrutaban las universidades públicas. Con la nueva norma, ya no será gratis patentar las invenciones de las universidades públicas. Deberán pagarán la mitad de la tasa, unos 500 euros, como las pymes y los emprendedores, y sólo seguirán teniéndola subvencionada por completo si la venden en los cuatro años siguientes y, por tanto, generan un beneficio a la sociedad, no sólo a su autor.

Pérez-Cabrero subraya la importancia para el tejido empresarial y social valenciano del cambio normativo, que reportará «menos patentes pero más fuertes, con mayor valor», como en el resto de Europa. «La Comunitat Valenciana es una cuna de patentes, sobre todo por los institutos tecnológicos y las empresas con una fuerte apuesta por la I+D que alberga, unida a la actividad de sus universidades públicas», agrega.

En 2016 tuvieron sello valenciano 392 de las 2.170 patentes nacionales solicitadas ante la OEPM, lo que sitúa a la Comunitat en cuarto lugar, por detrás de Andalucía (512), Madrid (458) y Cataluña (453), y a gran distancia de Galicia, quinta con 150.

El segundo gran hito de la Ley de Patentes de 2015, que deroga la de 1986, es que reduce el plazo medio de concesión hasta los 18 meses, mientras que «antes se alargaba más de dos años porque había un procedimiento de oposición a la patente durante la tramitación, que ahora se realizará una vez concedida».

Según Pérez-Cabrero, «es una reforma muy valorada por el sector, que pone a España al nivel de otros países europeos y da garantías a las empresas porque las patentes serán más fuertes, con mayor valor, y eso reducirá la litigiosidad». Antes, muchas de las patentes concedidas sin analizar su novedad acababan en los juzgados, impugnadas por competidores.

Fuente: Las Provincias

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