Los editores acusan a las administraciones de convertirse en «alentadores de piratas» y «violadores de la ley de propiedad intelectual».
En España se han impuesto múltiples modelos de financiación de ayudas a las familias para obtener los libros de texto, casi tantos como comunidades autónomas. Según la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (Anele), “se ha pasado de la universalización de la gratuidad de los libros de texto a impulsar nuevos sistemas de préstamo, alquiler e intercambio para la reutilización de libros de texto”. Sin embargo, este mecanismo puede conllevar consecuencias muy negativas, según los editores.
En su estudio Entorno económico e institucional del sector del libro de texto, los editores consideran los bancos de libros y otros mecanismos comercialización de libros usados como “vías antipedagógicas que pueden fomentar el deterioro y la obsolescencia de los libros y desalentar la lectura y la formación de bibliotecas familiares”. También creen que “son negativos para la industria del libro, con un continuado retroceso en la edición de los libros de texto y materiales curriculares”.
Estas acciones no tienen entidad suficiente para ser consideradas prácticas desleales o restrictivas de la competencia, pero para la Anele “sí que pueden estar vulnerando los derechos de autor, ya que no se recibe una remuneración por el préstamo o alquiler de libros de texto que por su finalidad, no recae bajo las excepciones contempladas en la ley de propiedad intelectual –como por ejemplo el préstamo bibliotecario–”.
La necesaria renovación
La no renovación de libros de texto y las diferencias de calendario entre comunidades autónomas, según los editores, incide en una reducción de sus ventas. Además el incumplimiento del calendario de renovación puede conducir a que algunos alumnos dispongan de materiales actualizados y otros no tengan acceso a ellos. Por este motivo, los editores piden “un calendario y periodo de vigencia común para la renovación de los materiales escolares, lo que facilitaría no solo la planificación sino también la obtención de economías de escala y el ahorro de costes administrativos”.
“Al final se compran los libros de texto con el objetivo de ser entregados sucesivamente en varios años, por lo que no se tienen en cuenta los derechos de autor”, denuncia Antonio Mª Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Él advierte del daño que a la industria del libro de texto, que viene a representar el 25% de todo el sector: “¿Hasta qué punto los empresarios pueden mantener esta situación?”. Por eso tanto él como José Moyano, de la Anele, reclaman “orden y sentido común”, ya que denuncian que “las administraciones se convierten en alentadores de los piratas” y en “violadores de la ley de propiedad intelectual”.
Como ejemplos de la incertidumbre que esa diversidad provoca en el sector, Moyano ha citado el ejemplo de Andalucía, donde “a pesar de que este año habría que renovar todos los libros de Primaria, todavía nadie sabe nada”, o el País Vasco, donde “se cobra un alquiler durante cuatro años a las familias y no han renovado los libros en ocho años”.
Además, según Moyano, en Murcia, “la puesta en marcha de su modelo de gratuidad provocó la desaparición de 150 librerías, y el sistema de Castilla y León ha contribuido al cierre de la editorial Everest”.
Fuente: Magisterio
