Desde el momento en que anunció la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, el Gobierno aseguró que se basaría en el diálogo con los afectados y con el resto de grupos parlamentarios. Hace más de un año, en abril de 2013, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, afirmó que alcanzaría “el máximo consenso político posible”. También prometió un proceso de debate “abierto y generoso” para “estimular a las industrias culturales, un sector que –según recordó el propio ministro- supone el 4 % del PIB, lo que supera la aportación que hacen el sector de la energía o el de los servicios financieros”.
Durante el último año esa ha sido la bandera que varios miembros del Gobierno, y especialmente de la Secretaría de Estado de Cultura, han ondeado al viento mediático, foros internacionales incluidos. Consenso, consenso y consenso. Con todos. Hasta un “pacto de Estado por la Cultura”, sugirió Juan de Dios Ruano, portavoz popular en la Comisión de Cultura del Congreso.
Sin embargo, lo cierto es que en cada fase del procedimiento el Gobierno prometió estudiar las recomendaciones para mejorar el texto en la siguiente fase. Y no se limitó a las de los creadores, hizo lo propio con las de órganos consultivos e instituciones europeas. Tras lidiar durante meses con la desazón, todo el sector cultural aguardaba entre esperanzado y escéptico el resultado de la fase de enmiendas.
El resultado final fue lo más decepcionante. Entre las muchas razones para afirmarlo es de justicia destacar una: que del “máximo consenso”, casi nada. Y es justo destacarla por la flagrante contradicción que evidencia entre el discurso, formal e informal, público y privado, derrochado por la Secretaría de Estado durante casi dos años, y su verdadera acción política. Que se alcanzaran unos pocos acuerdos fijados en nueve enmiendas transaccionales, que dejan sin solución la mayor parte de los problemas objetivos que arrastra el proyecto desde sus primeras versiones, no puede considerarse bajo ningún prisma el “máximo consenso posible” que prometieron el Ministro y su Secretario de Estado.
La triste realidad es que la Secretaría de Estado de Cultura ha asumido demandas de otros ministerios pero ha incumplido sus compromisos de diálogo con los afectados y con la oposición. Dicha realidad, sumada al aumento del IVA en los productos y servicios culturales, al incumplimiento de las promesas respecto a la regulación del mecenazgo y al fracaso en la política de apoyo al cine, contribuye a agudizar la crisis y a destruir más empleo en el sector cultural, que ya perdió 25.000 puestos de trabajo solo en 2013, lo que reducirá drásticamente su contribución al PIB.
La industria cultural española ha sido, desde siempre, un referente mundial de creatividad, respetada en todos los rincones del planeta, y un orgullo para todos. Una reforma legislativa en esta materia debería tener como principal objetivo elevar la protección de la propiedad intelectual con el fin de potenciar el desarrollo de sector cultural español, garantizar su seguridad jurídica e incentivar su competitividad global. Que no se ha logrado dicho objetivo lo demuestra la falta de apoyo de las organizaciones principalmente afectadas, de los grupos parlamentarios y de las asociaciones de consumidores.
El inmovilismo del Gobierno es una realidad que contrasta con los enormes esfuerzos hechos por todas las industrias culturales y creativas para colaborar y mejorar esta ley, que sinceramente pienso no merecen este trato.
Lo que merecen es que el poder legislativo sea capaz de aislarse del ruido y pergeñar una buena ley, en primer lugar desde el punto de vista técnico, pero, sobre todo, lo más justa posible. Para todos. Para los ciudadanos, por supuesto. Pero también para los creadores y sus legítimos representantes, ese sector que nos recuerda el ministro Wert que “supone el 4 % del PIB, lo que supera la aportación que hacen el sector de la energía o el de los servicios financieros”.
Ahora, se nos vuelve a prometer que en el Senado habrá cambios. La Cultura española necesita que así sea. Pero cada vez cuesta más creer que no se trate, otra vez, de cantos de sirena. Porque nadie puede negar que, objetivamente, en el Congreso se ha perdido una gran oportunidad.
Antonio Fernández
Director General de ADEPI
