En una reciente resoluciónde 1 de marzo 2017, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) deja claro en primer lugar que el empresario está legitimado para tratar las imágenes de los trabajadores en el ámbito laboral, al amparo de las facultades de dirección y control que confiere al empresario el art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, si bien matizando que, “esta legitimación no es absoluta y exige por parte del empresario la obligación de informar de dicho tratamiento a los trabajadores, cumpliendo con el deber de informar previsto tanto en el art. 10 de la Directiva 95/46/CE como en el art. 5 de la LOPD”.
Además, razona la Agencia, es necesario diferenciar si la instalación de la cámara en el centro de trabajo es como medida de vigilancia y control del empresario, para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, o bien se trata de una medida de seguridad para proteger la instalación y sus empleados.
En el primer caso, es decir, cuando el objetivo de la instalación de las cámaras va dirigido al cumplimiento por los trabajadores de sus deberes laborales, sería necesario por parte de la empresa “garantizar el derecho de información en la recogida de las imágenes, mediante información a los trabajadores del alcance específico que se va a dar a las mismas para el control laboral”.
Sin embargo, en el segundo caso, es decir, cuando la finalidad es de videovigilancia y protección de las instalaciones y personal de la empresa es necesario el cumplimiento de la LOPD, el Reglamento de Desarrollo de la LOPD y la Instrucción 1/2006 y debería cumplirse, entre otros, el deber de información, disponiendo de distintivos informativos de zona de videovigilancia e impresos informativos.
Como en este caso concreto la empresa demostró que existían carteles informativos sobre la existencia de la cámara y además aportó una cláusula informativa sobre las cámaras en el modelo de contrato de trabajo donde se manifestaba que la finalidad es “la prevención de riesgos que afecten a la protección de las personas, locales y bienes patrimoniales”, la AEPD entendió que la empresa cumplió con lo dispuesto en la LOPD.
