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Un mes de arresto para una cabo que denunció por acoso sexual a un capitán

El fiscal y un juez del Supremo estimaron que la querella de la militar no era infundada

Militares en la base militar de El Goloso (Madrid).Militares en la base militar de El Goloso (Madrid). ULY MARTÍN

 

La cabo A. I. L. T., destinada en Ceuta, puede pagar muy caro haber denunciado a un capitán por acoso sexual y laboral. Su denuncia llegó al Supremo, que acabó absolviendo al capitán. Basándose en esta sentencia, el Ejército la ha expedientado por hacer “manifestaciones basadas en aseveraciones falsas” y el instructor ha pedido que se le imponga un mes de arresto. Sin embargo, el fiscal y un juez del Supremo estimaron que la denuncia de la cabo no estaba infundada.

En sus conclusiones, presentadas en marzo, el instructor del expediente se muestra extraordinariamente duro con la cabo. Asegura «ha quedado demostrada la falsedad» de sus denuncias y agrega que estas respondían «al taimado intento de conseguir que se reconociera su baja [médica] como contingencia profesional, con total desprecio por la imagen del citado capitán y en detrimento de la buena consideración de este en su unidad».

La militar aseguró que, con motivo de unas maniobras, el oficial se acercó a ella y le dijo: «Me pareces una mujer muy morbosa, siempre te estoy observando y me gustaría quedar contigo». A continuación, siempre según su relato, el capián le puso una mano en el brazo y otra en la cintura, por lo que ella le rechazó tajante, alegando que tenía pareja y que su relación con él era solo profesional. A partir de ese momento, sostiene la cabo, el capitán empezó a acosarla laboralmente, negándole permisos y sancionándola, lo que le causó un trastorno depresivo y un aborto de cinco meses.

Según el instructor del expediente disciplinario, la cabo hizo estas acusaciones «con plena conciencia de [su] falsedad, con el especial ánimo de lesionar la imagen del citado capitán». Es por ello por lo que, tras calificar los hechos como falta disciplinaria grave, consistente en «hacer quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas», propone imponerle la máxima sanción prevista: un mes de arresto.

«La sanción económica de ocho a 15 días de multa», argumenta, «no parece para el caso que nos ocupa proporcionada, habida cuenta de la gravedad de las aseveraciones y de la inexorable lesión de la buena fama del capitán por mor de haber conocido este asunto la jurisdicción militar, así como la penalidad sufrida por este, insita en la condición de parte de cualquier proceso criminal, independientemente del resultado de este».

Es decir, el instructor considera más grave la conducta de la cabo y propone castigarla con mayor dureza por el hecho de que denunciara al capitán ante la Justicia y éste fuera juzgado.

El origen del expediente está en un incidente de julio de 2014 —siete meses después de las maniobras— cuando el capitán comunicó a la cabo que le imponía otra sanción y la militar, tras sufrir un ataque de ansiedad, pidió la baja médica, alegando como causa el «acoso del capitán».

El expediente quedó en suspenso mientras se tramitaba la denuncia por acoso sexual y laboral presentada por la cabo y se reactivó en enero pasado, una vez que el capitán fue absuelto con carácter definitivo. En menos de dos meses, el instructor ha concluido el expediente y pedido para la militar la pena máxima prevista para faltas graves.

La rotundidad con la que el instructor sostiene la falsedad de la denuncia de la cabo e incluso su mala fe contrasta con el hecho de que su denuncia fuese admitida por la justicia castrense y que el fiscal, una vez celebrado el juicio, pidiese siete meses de cárcel para el capitán por un delito de abuso de autoridad.

La Sala de lo Militar del Supremo confirmó en julio pasado la absolución del capitán, pero uno de sus magistrados presentó un voto discrepante en favor de admitir el recurso de la cabo.

Informes periciales

Según este juez, el tribunal no valoró adecuadamente los dos informes periciales. En uno de ellos, un coronel médico psiquiatra dictaminó taxativamente que la causa del trastorno psicológico sufrido por la militar fue «la actuación inapropiada de su capitán»; y en el otro, del Hospital Central de la Defensa, se decía que la sintomatología de la cabo «puede ser compatible con una situación de acoso». No se trataba, pues, de una denuncia manifiestamente infundada.

Más allá de este caso, la amenaza de arresto que pesa sobre las militares que denuncien a sus mandos, si sus denuncias no acaban en condena, puede disuadir a las víctimas y favorecer la impunidad de los acosadores.

Fuente: El País

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