Una trabajadora se somete voluntariamente en una clínica privada a una intervención refractiva en ambos ojos al objeto de eliminar la presbicia y la hipermetropía media con astigmatismo que padecía. La mutua que gestiona la Incapacidad Temporal le deniega el derecho a percibir el correspondiente subsidio argumentando que se trata de una intervención quirúrgica no comprendida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. La trabajadora reclama contra esta denegación e interpone demanda, que es estimada tanto por el juzgado de lo social como por el TSJ Madrid. Disconforme la mutua interpone recurso de casación para la unificación de doctrina.
El Tribunal Supremo, en su sentencia unificadora de doctrina de fecha 8 de enero de 2020, recuerda que tanto la hipermetropía como el astigmatismo y la presbicia son problemas de visión que tienen diferentes tratamientos, alguno de los cuales -singularmente los más avanzados y modernos- no están cubiertos por el Sistema Nacional de Salud. El que el enfermo pueda recurrir a ellos y a sus expensas no implica que no estemos ante una situación incapacitante para el trabajo. Por tanto la cuestión que se debate es si el trabajador tiene o no el derecho a la prestación de Incapacidad Temporal.
La Ley General de la Seguridad Social señala que los requisitos básicos para acceder a la prestación por Incapacidad Temporal son estar impedido al trabajo y requerir la asistencia sanitaria de la seguridad Social. A diferencia de lo que señala la Mutua, el Tribunal Supremo considera por asistencia sanitaria de la Seguridad Social la prestada por los servicios públicos de salud para garantizar el control de la situación incapacitante y del adecuado tratamiento recuperador. Son estos servicios los únicos competentes para emitir los correspondientes partes médicos de baja, de confirmación de la misma y de alta; lo decisivo no es si, ante una situación de enfermedad, el tratamiento es o no financiado por los servicios públicos de salud, sino si de tal enfermedad y tratamiento se deriva una situación incapacitante para el trabajo a juicio de los servicios públicos de salud.
El Alto Tribunal diferencia las operaciones de corrección ocular de las intervenciones quirúrgicas por razones puramente estéticas, excluidas del sistema de la sanidad pública y cuyas consecuencias derivan de una decisión personal que nada tiene que ver con la salud. Se entiende que en estas situaciones, si no existen complicaciones derivadas de la cirugía, ni patología alguna ligada con la misma, falta el requisito objetivo de la necesidad de asistencia sanitaria. Por ello entiende que este tipo de intervención estética y su recuperación implicaban unos costes que no deben ser asumidos por el erario público.
